El Gobierno español, liderado por el presidente Pedro Sánchez, ha introducido una propuesta legislativa que busca reformar profundamente el sector inmobiliario del país. La medida más controvertida consiste en aplicar un impuesto del 100% sobre el valor de compra de propiedades adquiridas por extranjeros no residentes provenientes de países fuera de la Unión Europea. Esta política tiene como objetivo principal mitigar la especulación en el mercado inmobiliario y garantizar un acceso más equitativo a la vivienda para los ciudadanos españoles.
La crisis de la vivienda en España ha alcanzado niveles críticos en regiones clave como Madrid, Barcelona, Baleares y la Costa del Sol. En estas áreas, la demanda de propiedades supera significativamente la oferta, lo que ha generado un incremento constante en los precios. Este fenómeno se ha visto exacerbado por el interés de inversores internacionales que buscan oportunidades especulativas, particularmente en el mercado de segundas residencias y alquileres turísticos. Las plataformas de alquiler a corto plazo, como Airbnb, han intensificado este problema al retirar viviendas del mercado residencial.
Según datos oficiales, en el tercer trimestre de 2024 se registraron 24.700 transacciones inmobiliarias realizadas por extranjeros, lo que representa el 15% del total de compras en España. Los británicos lideran este grupo con un 8,5% del total, seguidos por ciudadanos de Alemania, Marruecos y China. Este interés extranjero ha generado tensiones sociales debido al encarecimiento de las viviendas y la exclusión de sectores locales del mercado. Adicionalmente, las inversiones extranjeras se concentran en propiedades de lujo, elevando aún más los precios medios de las viviendas en ciertas áreas urbanas y costeras.
La propuesta legislativa se encuentra en una fase inicial, lo que implica un proceso que podría extenderse hasta finales de 2025 o principios de 2026. Las etapas principales son:
Elaboración del Proyecto de Ley: Actualmente en desarrollo por el Ministerio de Hacienda. Este paso incluye consultas con actores clave, como gobiernos regionales y organizaciones del sector.
Debate Parlamentario: Se espera que el Congreso de los Diputados reciba el proyecto en el primer semestre de 2025. Durante esta etapa podrían introducirse enmiendas, especialmente para ajustar las implicaciones fiscales en regiones dependientes del turismo.
Aprobación Final y Publicación: Una vez ratificada por ambas cámaras legislativas y sancionada por el Rey, la ley entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Aunque el proceso suele ser largo, el Gobierno ha enfatizado la necesidad de acelerar estas reformas debido a su impacto social. Es importante destacar que las elecciones generales previstas para 2025 podrían influir en el cronograma legislativo y en las modificaciones finales del texto.
Uno de los aspectos más relevantes para los compradores extranjeros es la posible aplicación retroactiva de la ley. Si un comprador firma un contrato de arras en 2024 o principios de 2025, pero la escritura definitiva se realiza después de la entrada en vigor de la ley, el impuesto podría aplicarse en función de la normativa vigente al momento de la firma de la escritura. Esto se debe a que, en España, el hecho imponible en una transacción inmobiliaria ocurre en el momento del otorgamiento de la escritura pública ante notario.
Los contratos de arras, que son vinculantes para ambas partes, podrían ofrecer cierto grado de protección frente a cambios legislativos si se especifican cláusulas que salvaguarden las condiciones acordadas. Sin embargo, esto no garantiza la exención del nuevo impuesto si la escritura ocurre bajo la nueva normativa. Por ello, los compradores deberían trabajar estrechamente con asesores legales y agentes inmobiliarios para evaluar los riesgos y planificar adecuadamente las transacciones.
Los ciudadanos de los siguientes países serán los más impactados por estas medidas:
Reino Unido: Los británicos han liderado las compras extranjeras en España desde el Brexit, especialmente en la Costa del Sol y Alicante.
Estados Unidos: Con un aumento significativo en la compra de propiedades de lujo en Baleares y Barcelona.
Canadá: Inversores atraídos por la estabilidad del mercado español.
China: Con un enfoque en grandes ciudades como Madrid.
Rusia: A pesar de las sanciones internacionales, sigue siendo un mercado activo.
México y Venezuela: Inversores de estas naciones han incrementado su interés en propiedades de lujo en los últimos años.
Suiza: Aunque cuenta con acuerdos especiales con la UE, se clasifica como país extracomunitario.
Regiones como la Costa Blanca, Baleares y la Costa del Sol, donde los extranjeros representan un porcentaje significativo de compradores, podrían enfrentar una desaceleración en la actividad inmobiliaria. En estas zonas, el impacto también podría extenderse al sector turístico y a los servicios relacionados con el mercado inmobiliario.
Las reacciones a esta propuesta han sido polarizadas. Mientras que organizaciones sociales y sindicatos han aplaudido la iniciativa por abordar el problema de la accesibilidad a la vivienda, sectores vinculados al turismo y la inversión extranjera han expresado preocupaciones sobre su impacto económico. Antonio de la Fuente, director de Colliers, destacó que "estas medidas podrían redirigir el interés de los inversores hacia otros mercados europeos más competitivos".
Por su parte, las asociaciones de promotores inmobiliarios han advertido que la medida podría provocar una reducción significativa en la construcción de nuevas viviendas, especialmente en regiones donde los compradores extranjeros son fundamentales para la demanda. Esto podría agravar la falta de oferta en el mercado residencial.
¿Cuándo entrará en vigor la nueva ley? Se estima que podría implementarse a partir de finales de 2025.
¿La ley afectará a ciudadanos de la UE? No, estas medidas solo aplican a ciudadanos de países extracomunitarios.
¿Qué sucede si firmo un contrato de arras antes de la aprobación? Lo relevante es la fecha de la escritura pública; si esta ocurre después de la entrada en vigor, podría aplicarse la nueva ley.
¿Podría haber exenciones para ciertos inversores? Aunque no se han anunciado exenciones, el proceso legislativo podría incluir ajustes.
¿Cuáles son las regiones más afectadas? Baleares, Costa del Sol, Costa Blanca y Madrid.
¿Había precedentes internacionales? Sí, países como Canadá y Dinamarca han adoptado políticas similares.
¿Cómo impactará esto en los precios inmobiliarios? Es probable que disminuya la presión especulativa, pero también podría ralentizar el mercado.
¿La medida afectará al alquiler turístico? Indirectamente sí, al limitar la adquisición de viviendas destinadas a este uso.
¿Desalentará la inversión extranjera? Existe un alto riesgo de que ciertos inversores redirijan su interés a otros países.
¿Qué beneficios se esperan? Un mayor acceso a la vivienda para residentes locales y una regulación más estricta del mercado.
La propuesta del Gobierno español podría marcar un antes y un después en el sector inmobiliario, promoviendo una mayor equidad en el acceso a la vivienda. Sin embargo, su éxito dependerá de la implementación eficiente y de su capacidad para mitigar efectos colaterales en sectores clave de la economía nacional. Mientras tanto, compradores, promotores y agentes inmobiliarios deben prepararse para un entorno regulatorio en constante evolución.